Las lluvias del invierno no tienen por qué reducir el riesgo en verano, según ingenieros de Montes
El decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Carlos del Álamo Jiménez, ha advertido este martes de que las abundantes lluvias del pasado invierno y el elevado nivel de humedad actual del terreno no tienen por qué reducir el riesgo de incendios forestales durante este verano.
"Los montes no se queman solos", ha asegurado Del Álamo, al recordar que el factor humano influye en el 95 por ciento de los fuegos, por lo que ha exigido un "mejor" plan forestal de gestión, que incida en la prevención socioeconómica y educativa y la disuasión e investigación de los actos de delincuencia y orígenes del fuego.
En su opinión, debería haber un conocimiento "más preciso" del riesgo forestal y fomentar la prevención de la incidencia del factor humano que es negativo por la intencionalidad y la negligencia y, al mismo tiempo, positivo, por el aprovechamiento y el cuidado de la masa forestal.
Respecto a los datos de incendios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), se ha felicitado de que del 1 de enero al 30 de abril de 2010 se han producido un 50 por ciento menos de fuegos que la media del decenio, pero ha lamentado que, a pesar de haber sido un año abundante en lluvias, se han registrado "muchos incendios", con una tendencia "claramente creciente".
Además, considera "alarmante" que de la superficie arrasada por el fuego en los montes españoles, el máximo porcentaje se cebe en la superficie forestal, con 12.125 hectáreas quemadas en ese periodo frente a un número de hectáreas muy inferior en superficies con vegetación leñosa y herbácea.
PREVENCIÓN RENTABLE
En ese sentido, ha destacado que los montes rentables "arden menos" y que los bosques españoles son un yacimiento de empleo, ya que se podrían crear hasta 10.000 puestos de trabajo. Así, ha puesto de ejemplo provincias como Segovia, Madrid, Teruel, Soria o Burgos donde "la población está muy vinculada" a los montes por su aprovechamiento. "Que nuestros montes sean rentables económicamente a través de la explotación forestal correctamente gestionada", demanda, porque "un monte desordenado y sin gestión puede ser foco de riesgo de incendio".
En la actualidad, ha indicado que de los 45 millones de metros cúbicos anuales de crecimiento de la masa forestal, dos tercios quedan en el monte y sólo un tercio tiene un aprovechamiento económico. Sin embargo, ha reconocido que en muchos casos hay bosques que no son rentables y, por este motivo, ha insistido en la urgencia de fomentar los rendimientos y retornos forestales, el aprovechamiento de la biomasa para que sea posible su rentabilidad y, en definitiva, facilitar las inversiones.
A este respecto ha subrayado posibilidades de empleo como el aprovechamiento de la biomasa para energías renovables, la selvicultura del carbono, los productos forestales, el aprovechamiento maderero, o las cuadrillas forestales.
En su opinión, el aumento de la superficie forestal es "bueno para todo": para el régimen hidrológico, para la conservación de la biodiversidad, para la mejora del paisaje, para crear un suelo fértil por su papel para evitar el riesgo de avenidas y en la mitigación del cambio climático.
El decano de los ingenieros de Montes ha recordado que los bosques son hoy el único sumidero de carbono que se puede gestionar y que ya absorben cerca del 20 por ciento de las emisiones de CO2 del inventario español.
Por el contrario, ha criticado la Ley Omnibus, que el Gobierno prevé aprobar próximamente, porque suprime la necesidad de visar los planes contra incendios forestales que buscan la rentabilidad y la seguridad, motivo por el que teme que empeore la lucha contra el fuego. "Esperemos que esto se pueda corregir y se vuelva a la situación que ha funcionado durante 80 años", ha concluido.
Al acto de Presentación de esta tercera edición ha asistido, también, el Director del mismo, 
Los protocolos van a permitir, a lo largo de todo el año, la mejora de las actuaciones de prevención de incendios forestales, en los terrenos gestionados por las Comunidades Autónomas, y que son propiedad de la Administración General del Estado.
