martes, 18 de septiembre de 2012

Incendio Torremanzanas: "Sabemos la verdad, no fue un accidente".


foto: Antonio Amorós
 "Sabemos la verdad, no fue un accidente", esa es una de las reivindicaciones de los bomberos forestales concentrados el 17 de septiembre a las 8:00h en TRAGSA Alicante. Varias decenas de bomberos forestales de las brigadas de emergencia de la Generalitat Valenciana se concentraron en el día de ayer en las puertas de las oficias de TRAGSA en Alicante, a la espera de que se incorporaran a su puesto de trabajo los técnicos provinciales del servicio. Su consigna fue clara, con respecto al incidente ocurrido el pasado 12 de agosto durante las tareas de extinción del llamado incendio forestal de Torremanzanas (Alicante). Para una parte importante del colectivo forestal de extinción de incedios forestales en la Comuidad Valenciana, dicho incidente "no fue un accidente", según se desprende de un informe que ha realizado dicha empresa pública y que leyó hace unos días, en reunión extraordinaria, a los representantes de las distintas secciones sindicales.
Los profesionales concentrados, cerca de treinta, aseguran saber la verdad de lo ocurrido, de ahí que persigan que las investigaciones que se están llevando a cabo lleguen hasta el final de las causas, a fin de poder evitar sucesos con resultados tan trágicos y depurar responsabilidades allá donde las hubiere. 

foto: C.M.A.

Aunque el número de bomberos concentrados en las puertas de TRAGSA Alicante se presume reducido, representa a más de la mitad de los profesionales que libraban ese día en la provincia de Alicante, lo que quiere decir que, con menos del doble de los profesionales allí presentes, la provincia de Alicante ha de defenderse ante la amenaza de los fuegos forestales. Esa es otra realidad que todos los ciudadanos deben conocer cuando se declara un incendio forestal en cualquier rincón de la provincia. De ahí la importancia de la detección precoz y de la rápida intervención de los medios de extinción, tanto aéreos como terrestres. Pasados unos minutos, más de treinta, puede que el fuego supere la capacidad de extinción de los medios y el incipiente conato de fuego pase a males mayores, probablemente con la ayuda de los diversos y particulares factores ambientales de cada zona y circunstancia.

Hay una evidencia en todo este caso, y es que los hechos parece que no pudieron ocurrir a espaldas de la gente, puesto que en el lugar del inciente se encontraban más de una veintena de profesionales, pertenencientes a distintas administraciones públicas y servicios de emergencia. Más de veinte voces-testigos que merecen ser escuchadas. Recordemos que dos personas fallecieron y cuatro resultaron heridas de diversa gravedad, permaneciendo uno de ellos, a día de hoy hospitalizado y otros dos de baja laboral,  y habiendo tenido que recibir asistencia psicológica, en algunos casos, por el impacto del suceso.

Por otro lado, y mientras los brigadistas se concentraban en demanda de una investigación transparente y justa, desde la empresa se daba a conocer la noticia de que se va a aplicar una reducción salarial del 7,14% al colectivo de brigadas emergencia de la Generalitat Valenciana, aplicable durante los meses de septiembre a diciembre del presente año, y sin dar a conocer, al menos de manera clara, si dicha reducción se mantendrá durante el ejercicio de 2013. Después del recorte en recursos humanos iniciado en 2011, de un 90% en las brigadas contratadas como refuerzo estival, ahora la empresa da otro giro de tuerca y reduce las condiciones económicas pactadas por convenio laboral con los representantes de los trabajadores. La pregunta que nos surge es: ¿qué tipo de servicio pretende dar la administración autonómica con este tipo de reajustes?

Los profesionales de la extinción de incedios forestales, a lo largo de sus menos de 25 años de historia, han sido un colectivo tan necesario como marginado por los distintos estratos de la sociedad, algo que no se puede entender, más cuando año tras año la amenaza de los incendios forestales es una de las mayores preocupaciones socio-ambientales, tanto para las administraciones públicas como para la sociedad en general. 

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